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La evaluación del proyecto “Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral” implementado entre 2023 y 2025 por PNUD, UNFPA y ONU Mujeres con financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz, confirmó que la triangulación de evidencia sustenta el logro de resultados previstos: se fortaleció al Tribunal Supremo Electoral, se promovió la participación de mujeres y jóvenes y se activó mecanismos de prevención y diálogo que contribuyeron a reducir la conflictividad en las elecciones de 2023. A continuación, se destacan los principales hallazgos: (i) el proyecto fue pertinente al atacar factores estructurales y coyunturales de la conflictividad electoral y alinearse con prioridades nacionales; (ii) se fue eficiente, con ejecución presupuestaria (96,45%) los ajustes operativos ante cambios administrativos; (iii) se tomaron medidas para asegurar la sostenibilidad de los resultados mediante la institucionalización de contenidos, guías y alianzas; (iv) se transversalizó los enfoques de género, juventud y derechos humanos, elevando la participación y agencia de mujeres y jóvenes, con un abordaje diferencial para mujeres indígenas y población garífuna; y (v) se incorporó iniciativas innovadoras como la observación juvenil, la aplicación web para reportar violencia política contra mujeres, y mapas de riesgo.
En el marco de la evaluación, se extrajeron las siguientes lecciones aprendidas: (i) planificar las Mesas de Prevención y Seguridad con un número y dotación acordes a la capacidad operativa garantiza acompañamiento efectivo; (ii) contar con coordinaciones territoriales desde el inicio del proyecto mejora la cobertura, el seguimiento y los vínculos locales; (iii) diseñar la sistematización desde las primeras etapas, con registros oportunos y continuos, evita reconstrucciones ex post costosas y pérdida de información; (iv) iniciar la implementación con suficiente antelación al ciclo electoral permite una planificación integral y acciones más proactivas; (v) concebir la prevención como estrategia permanente asegura continuidad institucional; (vi) priorizar espacios presenciales en la formación territorial eleva la interacción, la confianza y la profundidad del aprendizaje; (vi) acompañar la difusión de mapas de riesgo con mensajes responsables preserva la participación ciudadana; y (vii) invertir en vínculos de confianza sostenidos entre el tribunal electoral y organizaciones de mujeres y de juventudes habilita cambios institucionales y participación más sustantiva.
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